La prostitución infantil consiste en el uso de niños y niñas en actividades sexuales con remuneración económica u otro tipo de compensación.

La explotación sexual de la infancia mediante la prostitución es un viejo y extendido problema. En muchos países ha existido durante siglos como parte de tradiciones históricas y culturales.

Circunstancias internacionales recientes, como la crisis económica asiática de 1997 y la transición a la economía capitalista de libre mercado en Europa del Este, han agravado el problema.

La demanda local de prostitución infantil ha sido siempre, y continúa siendo en nuestros días, un factor significativamente importante en la permanencia del problema. En cambio, la demanda externa, y si nos atenemos tan solo a las cifras de casos, es menor. Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos para combatir la prostitución infantil en los países donde se produce se concentra en los abusos cometidos por explotadores extranjeros.

Existen dos razones principales para esta orientación en el abordaje del problema. La primera es que el poder económico y social del explotador extranjero es mucho mayor que el del niño/a y de este modo el abuso de poder se acentúa. La segunda razón es que el abusador foráneo puede abandonar fácilmente el país en el que ha cometido su crimen y así escapar de la justicia. Por este último motivo, en numerosos países se está promoviendo el uso de legislaciones de ámbito extraterritorial.

La legislación extraterritorial permite a un país procesar a sus ciudadanos por crímenes contra la infancia cometidos en cualquier lugar fuera del país de origen. Muchos Estados no requieren que el acto por el que se acusa a un ciudadano sea considerado también delito en el país en el que se ha cometido (doble criminalización). Hasta la fecha al menos 32 países (entre ellos España) han adoptado legislaciones extraterritoriales para combatir los delitos contra a la infancia. 

Todavía, las autoridades nacionales se encuentran con numerosos obstáculos cuando investigan delitos de este tipo en otros países. Es fundamental la cooperación de la policía local para reunir pruebas y testimonios que puedan servir eficazmente en el proceso. Las diferencias idiomáticas, culturales, y en la actitud contra la ESCI pueden dificultar posteriormente la intervención.

La demanda extranjera ha sido estimulada a menudo por políticas de desarrollo económico que promueven la inversión foránea, atrayendo tanto turistas como ciudadanos de otros países que abandonan su país de origen. La presencia de personal militar, fuerzas de pacificación, y trabajadores ha representado también en algunos casos un factor estimulador de la explotación de niños y niñas en la prostitución.

La prostitución infantil en Filipinas floreció durante los años 1970-1980 con la presencia de la armada estadounidense en la bahía de Olongapo. La base militar fue cerrada durante un tiempo, pero se reabrió poco después  como lugar de ejercicios militares y de ocio. Además, se firmó un acuerdo con las autoridades locales para garantizar la inmunidad legal frente a cualquier comisión de delito a todo el personal militar mientras permaneciese en Filipinas. La Fundación PREDA, una importante ONG filipina, vio en este acuerdo una forma de incitación a abusar de mujeres y niños, e inició una campaña de denuncia de este acuerdo.

El anterior no es un caso aislado. La llegada de los destacamentos militares de la Autoridad de Transición de las Naciones Unidas para Camboya (UNTAC) a principios de los años 90 coincidió con un incremento importante de la prostitución infantil en ese país. En 1992, en Mozambique, soldados de la UNOMOZ (fuerzas de pacificación de la ONU) reclutaron niñas de entre 12 y 18 años para utilizarlas en la prostitución.

Más recientemente, la presencia de tropas de la OTAN en Kosovo ha causado el incremento en el número de bares y clubes nocturnos en toda la provincia. Muchas jóvenes, muchas menores de 16 años, han sido capturadas y forzadas a ofrecer servicios sexuales a soldados y hombres de negocios.

Según un informe de la ONU respecto a la explotación sexual de la infancia en situaciones de conflicto armado, el desplegamiento de fuerzas de pacificación en un territorio ha sido asociada con un rápido aumento de la prostitución infantil en seis de los doce países analizados.

Los turistas que practican sexo con niños/as pueden provenir de todos los estratos sociales: pueden estar casados o solteros, ser hombres o mujeres, poseer un buen estatus económico o ser simples viajeros con pocos recursos. Pueden ser pedófilos que se desplazan específicamente para explotar niños/as o turistas que no planean en principio su destino con intención de cometer abusos.

El anonimato, la gran disponibilidad de niños y niñas, y la circunstancia de estar lejos de sus países de origen, lejos de las convenciones sociales y morales que normalmente regulan sus conductas, puede hacer que un simple turista se convierta en un abusador en un país extranjero. Muchos turistas justifican su conducta arguyendo que el abuso es culturalmente aceptable en el país de destino, o que en realidad están ayudando al niño/a a conseguir algo de dinero.

El turismo no es la causa de la explotación sexual de la infancia; sin embargo los explotadores pueden aprovecharse de las facilidades ofrecidas por la industria turística (hoteles, bares, clubes nocturnos, etc.). A su vez, la industria turística puede ayudar a crear demanda promoviendo determinadas imágenes de localización exótica. En general, los viajes turísticos sexuales con niños/as son organizados informalmente entre amigos y colegas, sin embargo se han dado casos de agencias de viaje que han sido procesadas por ofrecer este tipo de servicios ilícitos.

Todos los Grupos que forman la Red Internacional de ECPAT han trabajado en cooperación con la industria turística y sus Gobiernos nacionales aunando esfuerzos con el objetivo de detener el flujo de turistas sexuales que utilizan niños y niñas.

La industria turística ha jugado un papel fundamental en la lucha contra la explotación sexual comercial de la infancia. Algunas de sus acciones incluyen creación de grupos de trabajo específicos, seguimiento y autocontrol de sus actividades, implementación de códigos de conducta, utilización de vídeos de difusión como parte de amplias campañas educativas, y formación en escuelas de turismo y entre el personal de las empresas.

Los Gobiernos, tanto de los países emisores como de los receptores, también están respondiendo al problema de la ESCI. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia (en colaboración con ECPAT Australia) distribuye folletos informativos entre los empleados de los aeropuertos, de los centros de vacunación, de las oficinas de tramitación de pasaportes, y de las embajadas australianas en todo el mundo. El Ministerio de Turismo de Brasil (EMBRATUR) ha puesto en marcha una línea telefónica específica (hotline) para denunciar casos de abuso sexual infantil, y promueve su utilización tanto entre sus ciudadanos como entre turistas extranjeros. También ha confeccionado pósteres, folletos y tickets de viaje con el eslogan "Cuidado, Brasil te está mirando".

Los destinos de los turistas que explotan sexualmente a niños/as están cambiando actualmente. Conforme se realizan avances en prevención y protección en un determinado país, los explotadores escogen otro territorio vecino como destino preferente. Este movimiento puede apreciarse claramente en el caso de Tailandia, destino tradicional de turismo sexual con niños/as, que en los últimos años comienza a ser sustituido por la vecina Camboya. Los destinos también pueden cambiar hacia una nueva región del mundo, como resultado de una búsqueda de lo "exótico" o por mera conveniencia. Costa Rica es presentada como "la Tailandia del patio trasero" de Estados Unidos y encabeza el ranking de países en los que a través de Internet pueden encontrarse fácilmente lugares con niños/as que se prostituyen a precios extremadamente reducidos. 

Se estima que en el año 1999 Costa Rica recibió cerca de 5000 turistas con la intención específica de explotar sexualmente a niños/as. El 80 % de los turistas arrestados por abuso sexual correspondió a ciudadanos norteamericanos. El Gobierno está siendo acusado de reaccionar muy lentamente ante el problema de la ESCI y de destinar escasos recursos humanos y económicos a combatirla. No obstante, recientemente el Gobierno mediante una comisión específica ha iniciado acciones de formación a la policía, ha reformado el Código Penal, y ha iniciado un campaña de prevención.